El Gobierno rompe su compromiso con los ex trabajadores de Andújar afectados por uranio

El compromiso del Gobierno de reconocer todos los derechos sanitarios y económicos de los antiguos obreros de la Fábrica de Uranio de Andújar (FUA), en Jaén, se ha roto estos días con dos resoluciones de la Administración central en las que se dispone, por un lado, que sus reclamaciones han prescrito y, por otro, que no existe una “relación causa-efecto” entre sus enfermedades y la exposición al uranio.

En septiembre de 2005 se aprobó por unanimidad del Congreso de los Diputados una Moción consecuencia de Interpelación Urgente al Gobierno sobre la situación de los trabajadores de la fábrica, activa de 1959 a 1981, por cuya actividad 126 empleados y sus familias se vieron afectados por la exposición a radiaciones ionizantes por la extracción de uranio, produciéndose degeneraciones óseas, problemas pulmonares y de riñón y llegando a contabilizarse 55 fallecidos, a consecuencia de enfermedades relacionadas con el cáncer.

La Asociación de ex trabajadores y viudas de la FUA solicitó una indiemnización de 12 millones de euros al Estado, reclamación que ha sido desestimada por el Ministerio de Ciencia e Innovación, por medio del Centro de Investigaciones Energéticas, Mediambientales y Tecnológicas (Ciemat) en una resolución firmada por Mercedes Cabrera, Ministra de Educación. Los 79 afectados han recibido del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) una resolución que sentencia que sus patologías “no tienen su origen en la contingencia de enfermedad profesional”.

El INSS es un organismo dependiente del Ministerio de Trabajo, cuyo titual durante la pasada legislatura, Jesús Caldera, se comprometió en 2005 a evitar cualquier “problema en reconocer la gravedad de los hechos y buscar una solución”.

Tras la firma del Protocolo General de Colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, los trabajadores se sometieron a un renocomiento médico que acreditase la relación causa efecto entre sus enfermedades y la exposición al uranio, del que se dedujo que de los 79 trabajadores, dicha relación existía sólo en el caso de José Rodrigo Expósito. Anteriormente, desde 1995, se habían sometido a tres reconocimientos similares. De haberse reconocido la relación causa-efecto, las pensiones de los afectados y viudas tendrían que haber aumentado considerablemente.

La Junta de Andalucía, mediante su Vicepresidente Primero y Consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, ha asegurado que dichos informes, elaborados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) daban “margen para que la resolución definitiva no sea la que ha sido”. Caldera, por su parte, señaló a finales del año pasado en relación con los informes del SAS, que “Las decisiones no las toma el ministerio, sino los médicos”, aunque encargó al Ciemat y al Hospital Gregorio Marañón, de Madrid, elaborar nuevos informes, en cuyos resultados se han basado las resoluciones actuales.

publicat a LaRepublica.es 10 juny 2008

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